sename2865 muertes de niños y jóvenes en 10 años. ¿Qué habría pasado si esta noticia se hubiera conocido en otro país? Probablemente las más altas autoridades ya habrían renunciado y estarían procesadas.

Porque no se trata sólo de modificar “el Sename”. El Sename no es el problema, es sólo una parte en la ejecución de una política pública. Es un mal ejecutor, pero es sólo uno en la cadena de posibilidades en las que el Estado, como un todo, se encargue de cuidar, acoger y proteger a los niños y menores vulnerables y víctimas de nuestra sociedad.

Hay que partir por entender ello: ya son víctimas. Y ahora, como en David Copperfield, se les entrega a un sistema que además los pone en manos de la muerte, y que los oculta.

La Presidenta ha admitido que el Estado ha fallado, pero no completa el análisis de causa, y en cambio, a la rápida, anuncia una serie de medidas que parchan la situación. Hay más recursos, pero se les entregan a los mismos funcionarios y las mismas autoridades que han formado parte del problema y que no han asumido su responsabilidad de, al menos, negligencia culpable frente a las muertes y su ocultamiento.

¿Y la Unicef? Califica lo que viven los niños como una violación de sus derechos humanos, pero no condena al gobierno de Chile, sino que valora el “esfuerzo” de transparencia. No se pasará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a otras instancias sancionatorias.

En resumen, en Chile puede morir anualmente casi un centenar de niños bajo el cuidado del Estado y no renuncia ninguna autoridad ni hay condena de nadie. No puede ser.

El 5 de julio de 2011, el entonces timonel del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, sentenciaba en los medios que “Chile no se merece un Presidente con este nivel de aprobación”. En ese entonces, el Presidente era Sebastián Piñera, y la aprobación, un 35%. "Le quiero hacer un llamado al gobierno, y particularmente a la Alianza por Chile, a que se hagan cargo de este problema. No es bueno para Chile. Chile no merece un gobierno que sistemáticamente, en todas las mediciones, sigue bajando en aquellos aspectos que son centrales para cualquier República: la credibilidad y la confianza del Presidente", decía Andrade.

Hoy, el país tiene otra inquilina en La Moneda, Michelle Bachelet, y su aprobación apenas supera el 15%. Cabe, por tanto, hacerse la misma pregunta y una serie más que apuntan a la capacidad de gestión y a la legitimidad política de las decisiones que se toman.

Es cierto que las encuestas no son más que una foto, pero también es cierto (y ningún politólogo lo puede desconocer) que la Opinión Pública Encuestada constituye un reflejo de la sensación nacional, del mismo modo que las manifestaciones callejeras. Si a éstas últimas se les presta singular atención en la definición de las políticas públicas (por ejemplo, en cuanto a medidas para mejorar el sistema de pensiones), ¿por qué no a los resultados de las encuestas?

Si las encuestas manifiestan sin lugar a dudas el rechazo de la mayoría del país a las reformas estructurales, al gabinete, a la gestión general, ¿por qué este empecinamiento en continuar un camino que incluso varios presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría han considerado errado? Hasta el ex Presidente Ricardo Lagos fue enfático en señalar que se trata de una crisis institucional, esto es, una en la que la legitimidad de las instituciones está en cuestión y cuando eso pasa, la confianza nacional se resquebraja, se cierran los caminos de solución.

Ante este panorama, una solución inmediata es que el gobierno encabezado por la Presidenta Bachelet, escuche al país real, manifestado en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la Opinión Pública Encuestada. Las políticas públicas no pueden ser resultado de la iluminación ideológica sino de un proceso responsable orientado a dar solución a los problemas con dimensión pública. Y dado el bajo respaldo ciudadano, esto es urgente.