865 muertes de niños y jóvenes en 10 años. ¿Qué habría pasado si esta noticia se hubiera conocido en otro país? Probablemente las más altas autoridades ya habrían renunciado y estarían procesadas.

Porque no se trata sólo de modificar “el Sename”. El Sename no es el problema, es sólo una parte en la ejecución de una política pública. Es un mal ejecutor, pero es sólo uno en la cadena de posibilidades en las que el Estado, como un todo, se encargue de cuidar, acoger y proteger a los niños y menores vulnerables y víctimas de nuestra sociedad.

Hay que partir por entender ello: ya son víctimas. Y ahora, como en David Copperfield, se les entrega a un sistema que además los pone en manos de la muerte, y que los oculta.

La Presidenta ha admitido que el Estado ha fallado, pero no completa el análisis de causa, y en cambio, a la rápida, anuncia una serie de medidas que parchan la situación. Hay más recursos, pero se les entregan a los mismos funcionarios y las mismas autoridades que han formado parte del problema y que no han asumido su responsabilidad de, al menos, negligencia culpable frente a las muertes y su ocultamiento.

¿Y la Unicef? Califica lo que viven los niños como una violación de sus derechos humanos, pero no condena al gobierno de Chile, sino que valora el “esfuerzo” de transparencia. No se pasará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a otras instancias sancionatorias.

En resumen, en Chile puede morir anualmente casi un centenar de niños bajo el cuidado del Estado y no renuncia ninguna autoridad ni hay condena de nadie. No puede ser.