La presencia de más de 100 mil personas en las calles el pasado domingo 24 de julio es una muestra de la indignación por un sistema inhumano, agravado por la desigualdad y arbitrariedad de otros mecanismos que (con intervención política) permiten pensiones superiores a los 5 millones de pesos mensuales de por vida.
Llegar a viejo en Chile es una pesadilla. No solo porque la sociedad discrimina al viejo, lo invalida como trabajador y como elemento activo, sino también porque lo deja sin las herramientas económicas suficientes para vivir con dignidad.
La promesa del sistema de pensiones basado en la capitalización individual, creado por José Piñera en 1980, no se cumplió. Los chilenos no se pensionan con el 70% de su sueldo; las rentabilidades de las AFP son sustancialmente menores a las anunciadas (menos de un 5% frente a la expectativa superior a un 7%); se juega con los fondos ahorrados recortándolos frente a cualquier caída en las acciones nacionales o internacionales (incluso cuando uno ya se ha pensionado).
La presencia de más de 100 mil personas en las calles el pasado domingo 24 de julio es una muestra de la indignación por un sistema inhumano, agravado por la desigualdad y arbitrariedad de otros mecanismos que (con intervención política) permiten pensiones superiores a los 5 millones de pesos mensuales de por vida.
El vocero de la coordinadora NO + AFP, Luis Mesina, criticó también al gobierno por su pasividad frente a este grave problema social: “Ante un tema tan grave como es el de las pensiones, esperábamos que la Presidenta hubiese dicho algo porque es un problema de Estado que afecta a miles de chilenos que viven con pensiones miserables y ese es el tema, y si no nos quieren escuchar vamos a seguir millones en las calles porque ya se despertó la ciudadanía”.
La pasividad manifestada en la incapacidad de generar una política pública en este sentido es manifiesta, sobre todo tomando en cuenta que hace meses la Comisión Asesora de la Reforma al Sistema de Pensiones, encabezada por el economista David Bravo, terminó su trabajo y entregó sus conclusiones al Comité de Ministros que no ha sesionado sobre el tema.
Un útil resumen de las alternativas posibles para un cambio necesario fue publicado en los medios:
* Retiro del 25% del fondo individual de pensiones para comprar inmuebles: propuesta de un grupo de diputados DC entre los que se cuenta Fuad Chahín, Marcelo Chávez y Ricardo Rincón, emulando una decisión del gobierno peruano de Ollanta Humala.
* Sistema de pensiones administrado por el Estado y por corporaciones sin fines de lucro: propuesta de parlamentarios PS, PPD y DC, que implica un cambio constitucional y la fijación de una pensión mínima de $257.500.
* Intereses de las cotizaciones para las personas en vez de para las AFP: propuesta transversal de la Nueva Mayoría, con apoyo de independientes y RN, para que las administradoras no se queden con los intereses de las deudas previsionales de los empleadores.
* Aporte inicial del Estado al nacer o comenzar a trabajar: implica una reforma constitucional y un aporte estatal inicial como en algunos países nórdicos. Así, se aprovecha un mayor tiempo vital para la rentabilidad del fondo.
* Fondo para créditos: propuesta de diputados de la UDI orientada a que las personas puedan disponer de un pequeño monto de su pensión, como crédito, en casos especiales.
* Aumentar la cotización con cargo al empleador: propuesta proveniente de la UDI, aunque no se ha especificado el monto.
* Aumentar la edad de jubilación: idea que genera consenso en Chile Vamos para elevar la edad para pensionarse, para elevar el ahorro.
* Volver al sistema de reparto: aunque esta idea claramente implica un cambio en el modelo del Estado y probablemente no tiene financiamiento en el corto plazo.
Más allá de estas posibilidades (y entendiendo que el sistema laboral obliga a lagunas previsionales imposibles de cubrir para la mayoría de las personas que integran la fuerza de trabajo), hoy hay US$167.000.000.000 ahorrados por los pensionados en Chile y frente a estos las decisiones que vienen son políticas: este dinero de todos los chilenos ya es una parte esencial del financiamiento de las grandes empresas nacionales y se habla de financiar con ellos obras de infraestructura para impulsar el crecimiento económico.
¿Cuándo podrán los chilenos tener poder de decisión sobre un dinero que es fruto de su trabajo?
A través de 12 cargos, uno de ellos “gravísimo”:
La falta de seguimiento ambiental de líquidos percolados y aguas superficiales, por parte de la empresa, pone en evidencia el riesgo al que han sido expuesta las comunidades aledañas de Talagante y San Bernardo
En medio de las presiones de distintos sectores ante la autoridad regional para que sea reabierto el Relleno Santa Marta de Lonquén, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra la empresa operadora y solicitó el cierre parcial del recinto, “luego de varias fiscalizaciones en terreno y el análisis de distintos reportes entregados por el titular tras el derrumbe e incendio que afectó a la instalación a mediados de enero”.
Según informó la SMA se formularon 12 cargos, “uno de ellos gravísimo, 8 graves y 3 leves por incumplimientos a las medidas establecidas en sus resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)”. En particular, la Superintendencia de Medio Ambiente especifica que en el proceso, dictado bajo Resolución Sancionatoria N° 1/2016, “existe un cargo gravísimo, que dice relación con no reportar total o parcialmente informes de seguimiento ambiental para parámetros de líquidos percolados y aguas superficiales, entre otros”.
En tanto, respecto de los cargos graves el SMA precisó que “figura el ingreso no autorizado de 52 mil 511 toneladas de lodos durante el año 2014 y de 57 mil 418 toneladas de lodos durante el año 2015, entre otros incumplimientos”. De igual modo, en la misma resolución, se solicita al Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, “dictar la medida de clausura parcial del recinto, con el objetivo de evitar un daño al medio ambiente y la salud de las personas”.
“Luego de analizados los antecedentes del caso –precisa la SMA- por parte de profesionales de la División de Fiscalización de la SMA y expertos independientes, se solicita al Tribunal Ambiental la autorización para reabrir un área específica del recinto, que tiene una superficie inferior al 10% del relleno sanitario. Esta zona ha sido definida como segura desde el punto de vista de estabilidad y del control ambiental y sólo podrá recibir residuos domiciliarios, con un máximo de 810.000 m3 al día. Se prohíbe totalmente en esta área la disposición final de lodos”.
En cuanto a las consecuencias para la empresa operadora del Relleno Santa Marta, como consecuencia del proceso sancionatorio, se precisa que “la Ley Orgánica de la SMA establece que las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, clausura, o multa de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA); mientras que las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, clausura, o multa de hasta 5 mil (UTA); y las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de hasta mil UTA”.
Finalmente, la SMA comunicó e informó a la opinión pública que la Empresa Consorcio Santa Marta S.A. dispone de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento ante la Superintendencia de Medio Ambiente o bien, 15 días hábiles para formular sus descargos y continuar el proceso sancionatorio. De este modo, en lo inmediato se dispone el funcionamiento parcial y se establecen los plazos para ejecutar los cargos que correspondan en caso que la empresa no introduzca las mejoras señaladas por la entidad fiscalizadora.