La presencia de más de 100 mil personas en las calles el pasado domingo 24 de julio es una muestra de la indignación por un sistema inhumano, agravado por la desigualdad y arbitrariedad de otros mecanismos que (con intervención política) permiten pensiones superiores a los 5 millones de pesos mensuales de por vida.

Llegar a viejo en Chile es una pesadilla. No solo porque la sociedad discrimina al viejo, lo invalida como trabajador y como elemento activo, sino también porque lo deja sin las herramientas económicas suficientes para vivir con dignidad.

La promesa del sistema de pensiones basado en la capitalización individual, creado por José Piñera en 1980, no se cumplió. Los chilenos no se pensionan con el 70% de su sueldo; las rentabilidades de las AFP son sustancialmente menores a las anunciadas (menos de un 5% frente a la expectativa superior a un 7%); se juega con los fondos ahorrados recortándolos frente a cualquier caída en las acciones nacionales o internacionales (incluso cuando uno ya se ha pensionado).

La presencia de más de 100 mil personas en las calles el pasado domingo 24 de julio es una muestra de la indignación por un sistema inhumano, agravado por la desigualdad y arbitrariedad de otros mecanismos que (con intervención política) permiten pensiones superiores a los 5 millones de pesos mensuales de por vida.

El vocero de la coordinadora NO + AFP, Luis Mesina, criticó también al gobierno por su pasividad frente a este grave problema social: “Ante un tema tan grave como es el de las pensiones, esperábamos que la Presidenta hubiese dicho algo porque es un problema de Estado que afecta a miles de chilenos que viven con pensiones miserables y ese es el tema, y si no nos quieren escuchar vamos a seguir millones en las calles porque ya se despertó la ciudadanía”.

La pasividad manifestada en la incapacidad de generar una política pública en este sentido es manifiesta, sobre todo tomando en cuenta que hace meses la Comisión Asesora de la Reforma al Sistema de Pensiones, encabezada por el economista David Bravo, terminó su trabajo y entregó sus conclusiones al Comité de Ministros que no ha sesionado sobre el tema.

Un útil resumen de las alternativas posibles para un cambio necesario fue publicado en los medios:

* Retiro del 25% del fondo individual de pensiones para comprar inmuebles: propuesta de un grupo de diputados DC entre los que se cuenta Fuad Chahín, Marcelo Chávez y Ricardo Rincón, emulando una decisión del gobierno peruano de Ollanta Humala.

* Sistema de pensiones administrado por el Estado y por corporaciones sin fines de lucro: propuesta de parlamentarios PS, PPD y DC, que implica un cambio constitucional y la fijación de una pensión mínima de $257.500.  

* Intereses de las cotizaciones para las personas en vez de para las AFP: propuesta transversal de la Nueva Mayoría, con apoyo de independientes y RN, para que las administradoras no se queden con los intereses de las deudas previsionales de los empleadores.

* Aporte inicial del Estado al nacer o comenzar a trabajar: implica una reforma constitucional y un aporte estatal inicial como en algunos países nórdicos. Así, se aprovecha un mayor tiempo vital para la rentabilidad del fondo.

* Fondo para créditos: propuesta de diputados de la UDI orientada a que las personas puedan disponer de un pequeño monto de su pensión, como crédito, en casos especiales.

* Aumentar la cotización con cargo al empleador: propuesta proveniente de la UDI, aunque no se ha especificado el monto.

* Aumentar la edad de jubilación: idea que genera consenso en Chile Vamos para elevar la edad para pensionarse, para elevar el ahorro.

* Volver al sistema de reparto: aunque esta idea claramente implica un cambio en el modelo del Estado y probablemente no tiene financiamiento en el corto plazo.

Más allá de estas posibilidades (y entendiendo que el sistema laboral obliga a lagunas previsionales imposibles de cubrir para la mayoría de las personas que integran la fuerza de trabajo), hoy hay US$167.000.000.000 ahorrados por los pensionados en Chile y frente a estos las decisiones que vienen son políticas: este dinero de todos los chilenos ya es una parte esencial del financiamiento de las grandes empresas nacionales y se habla de financiar con ellos obras de infraestructura para impulsar el crecimiento económico.

¿Cuándo podrán los chilenos tener poder de decisión sobre un dinero que es fruto de su trabajo?